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Ley de Competitividad: Federación Rural la apoya, pero advierte que no resuelve lo central
Ante la Comisión de Hacienda de Diputados, el presidente de Federación Rural, Rafael Normey, respaldó el proyecto como un paso «en la dirección correcta», pidió cambios puntuales —sobre todo en el INIA— y señaló lo que quedó afuera: atraso cambiario, costos de energía, relaciones laborales y sobrecargas fiscales.
Federación Rural compareció el miércoles 30 de setiembre ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que estudia el proyecto de ley de Competitividad y reducción del costo de vida (carpeta 3140/2026). La delegación recordó que ya había sido recibida en el Senado y que, desde el inicio del proceso, fue convocada por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el MGAP, donde presentó una serie de propuestas, algunas de las cuales fueron tomadas en cuenta.
Un apoyo con una advertencia de fondo
Normey fue claro desde el comienzo: el proyecto les parece «bueno» y el apoyo de Federación Rural «está». Pero planteó que el propio nombre de la norma implica reconocer que el país tiene un problema de competitividad, y que el texto aborda «uno o algunos componentes» de ese problema, no todo.
«¿Este proyecto de ley resuelve eso? No. […] ¿Este proyecto de ley va en la dirección correcta? Sí, por supuesto; […] pero está muy lejos de abordar todo lo que nosotros dijimos de entrada, que era el atraso cambiario y todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales, los costos de energía y las sobrecargas fiscales».
Rafael Normey, presidente de Federación Rural
Federación Rural subrayó además que el cumplimiento de la regla fiscal no es solo disciplina contable: es «una condición estructural para sostener la competitividad», siempre que se traduzca en un Estado más eficiente, capaz de reasignar recursos a infraestructura, logística y servicios públicos de calidad.
Primarización: el ejemplo que ordena el diagnóstico
Para ilustrar qué entiende Federación Rural por falta de competitividad, Normey enumeró lo que está pasando con las cadenas agroindustriales:
- Sale más lana sucia y menos lana lavada.
- Sale más cebada forrajera y menos cebada para malta, con la industria cervecera «con bastantes problemas».
- Sale menos arroz blanco —«producto emblema de Uruguay»— y más arroz cáscara; incluso se empezó a dar arroz húmedo directamente al ganado.
- En lácteos, se exporta más leche en polvo en lugar de queso o yogur.
«Estamos ante una primarización de la producción uruguaya; eso es competitividad, y es porque el agregado de valor en Uruguay no es competitivo. No es que seamos malos o que no tengamos ganas y seamos perezosos, es porque no hay incentivo de competitividad para estimular el desarrollo del valor agregado».
Rafael Normey
Todos esos temas, sostuvo, tienen un «tronco común»: el alto costo del Estado.
«Uruguay tiene un Estado más grande del que puede tener; eso es lo que nos pasa».
Rafael Normey
INIA: más plata de los productores, más peso en las decisiones
Los artículos 213 a 219 habilitan al INIA a asociarse con privados y captar fondos. Federación Rural los respalda, pero utilizó el punto para reclamar un cambio de gobernanza. Su argumento es histórico: el INIA nació con la lógica del 50 y 50 entre productores y Estado; esa paridad se rompió en 2012, cuando el Estado empezó a incumplir su parte y generó una deuda de cerca de US$ 40 millones hasta 2015.
«De 2012 hasta ahora los productores ponemos entre un 65 % y un 70 % de los dineros para que el INIA funcione».
Rafael Normey
Tras años de reclamar el regreso al 50 y 50, Federación Rural dijo haber «bajado» ese reclamo y propone corregir la gobernanza: hoy la Junta tiene cuatro votos —dos del Poder Ejecutivo y dos de los productores— y, en caso de empate, el presidente tiene doble voto, lo que vuelve al instituto «presidencialista». Normey lo enmarcó en términos de soberanía: «El INIA es igual a soberanía nacional».
Cambios concretos planteados
| Artículo | Planteo de Federación Rural |
|---|---|
| 214 y 215 | Que las decisiones recaigan en la Junta Directiva del INIA y no en el Consejo Coordinador. Según Normey, ese Consejo «existe en la ley» pero «no se reúne ni funciona», y los productores «nunca fuimos convocados». |
| 217 | Elevar del 50 % al 70 % la participación mínima del INIA para que una sociedad quede exonerada de impuestos, o eliminar el texto: evitar exonerar a multinacionales que se asocien con el instituto. |
| 229 | No sumar acuicultura al INIA sin recursos nuevos: saldría de los aportes de los productores que ya financian otros rubros. |
Lo que apoyamos y lo que nos preocupa
| Tema | Posición |
|---|---|
| Art. 82 · Detracciones | Apoyo. «Ponerle una tapa al tema detracciones» a las exportaciones. |
| Art. 140 · «de la pasta de dientes» | Apoyo. Va «en la dirección correcta» y ataca el problema que se quiere atacar. |
| Coprodec | Apoyo a su fortalecimiento: «un escudo necesario» para un país chico y vulnerable. «Estamos demasiado lejos de lo óptimo como para pensar que nos pasamos de rosca». |
| Arts. 3 y 4 · Silencio positivo y reconocimiento de otros países | Con reservas. Buenos en espíritu, pero «bajo riesgo regulatorio» no está definido y hay que asegurar que se aplique en la práctica. No se presentó una redacción alternativa para el artículo 3. |
| Arts. 49 y 51 · Minería | Preocupación. Eliminar la vía judicial en la indemnización por servidumbre deja «bastante indefenso» al productor; los informes de avance en lugar de trimestrales pueden servir para «darle largas». Federación Rural pidió «bajar la pelota al piso» y discutir qué país se quiere. |
Garrapata: «la bala de plata» que no puede entrar
Normey utilizó el artículo 4 —reconocimiento de países con trayectoria— para plantear un caso concreto: el fluralaner inyectable. Explicó que la garrapata multirresistente ya no es solo un problema ganadero sino «un problema nacional», y que este principio activo —sin resistencia conocida y con unos 150 días de protección— se usa en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda, pero tiene trabas para ingresar a Uruguay.
«Cuando es un producto biológico para protección vegetal, Uruguay tiene todo resuelto; anda todo bien. Sin embargo, cuando el producto biológico es para protección animal, está todo mal; no se puede; es dificilísimo; hay mil escollos».
Rafael Normey
Agregó que parte del sobrecosto de los garrapaticidas en Uruguay frente a la región tiene que ver con esas barreras regulatorias.
Lo que no está en el proyecto
Federación Rural había pedido incorporar otros puntos que quedaron afuera. Normey los presentó como ejemplos de la burocracia y la sobrecarga que erosionan a las cadenas productivas:
- El 1 % municipal. «Un monumento a la burocracia»: involucra al productor, las intendencias, la DGI y el BPS. Según Normey, alrededor de un 40 % de los productores paga y no recupera, y al resto la devolución le llega un año o año y medio después. Reclamó que se elimine.
- El Fondo de Inspección Sanitaria (FIS). Grava con 1 % la carne exportada y la de consumo interno. Normey planteó que el fondo se creó cuando se faenaba mucho menos y la carne valía mucho menos, que va a Rentas Generales y que a la inspección sanitaria vuelven unos US$ 9 millones al año.
- Las AFIDI —acreditación fitosanitaria de importación—. Una herramienta con base sanitaria que, a su juicio, «hemos logrado mal usar»; pidió revisarla con las gremiales granjeras.
- Caminería rural de alta intensidad de uso, como categoría legal para caminos que dejaron de ser vecinales y hoy soportan mucha carga.
- Protocolos de emergencia agropecuaria, financiados con aportes que el propio sector ya realiza —por ejemplo, el FIS—, para contar con «una malla de contención» ante eventos climáticos. Normey señaló que Federación Rural ya tiene un protocolo escrito, entregado a ministros y subsecretarios de ambos gobiernos, y que está disponible para la Comisión.
Fuente: Cámara de Representantes, Comisión de Hacienda, versión taquigráfica N.º 696 de 2026 (carpeta 3140/2026), reunión del miércoles 30 de septiembre de 2026. Las frases entre comillas son textuales de esa versión; algunas están abreviadas con […] o ajustadas de la oralidad a la lectura. Se publica la intervención de Federación Rural; la sesión incluyó otras delegaciones que no se reseñan aquí.